POR CRISTHIAN JIMENEZ- Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se pusieron de acuerdo en varios días para definir una postura local e internacional sobre Haití. ¿Por qué no pueden hacerlo para salvar el sistema de partidos?
Haití, sin instituciones y tomado por violentas bandas armadas, es riesgo para la seguridad y estabilidad de la República Dominicana. Y desde hace años Impacta lo comercial y laboral, convertida su mano de obra en fundamental en la producción agrícola, construcción y turismo, la economía nacional.
La desarticulación de los partidos, reducidos a oficinas clientelares y con fuerte penetración del crimen organizado no es un peligro menor. Desde hace años narcotraficantes pasaron del financiamiento electoral para buscar protección a tomar asientos en el Congreso Nacional y los ayuntamientos, además cobijo bajo la sombra de decretos.
Congresistas juzgados en Estados Unidos por narcotráfico, otros pedidos en extradición o “lista de espera”, mientras hay investigaciones abiertas que involucran legisladores y a regidores. Alcaldes, también están en esta tómbola.
Otro elemento que afecta la vida partidaria es la imposición del dinero de parte de personas que tienen negocios de manejo de efectivo diario, como los propietarios de bancas de apuestas.
Los tradicionales intereses de los grupos de presión empresariales perpetúan inequidades que políticos en oposición prometen eliminar, pero que al llegar poder son presas de un olvido selectivo.
En el centro de todo el alto costo de las campañas electorales y su financiamiento. La urgencia es bajar el precio de “la democracia”.
Peña Gómez propuso el financiamiento oficial (de los contribuyentes) para evitar que penetrara dinero interesado o del crimen organizado (mayor interés y razones), pero los partidos ensancharon más los bolsillos y optaron por mantener ambos esquemas de recolección, para colmo con nula transparencia.
Entonces, es vital abaratar el costo de las candidaturas, quedándonos con un solo financiamiento o estableciendo límites estrictos en cada nivel de elección, conforme al tamaño de nuestra economía y de las enormes necesidades insatisfechas.
El liderazgo nacional no debe esperar una amenaza real al sistema de partidos, como son visibles algunos ejemplos en la región, para adelantar reformas efectivas, que se cumplan, evitando hermosos y ampulosos textos de rápido engavetamiento.
El presidente Luis Abinader que se jubila en el 2028 está en capacidad de asumir la tarea de consensuar estos cambios de amplia repercusión en la vida democrática.
Lo planteamos al PLD cuando era un partido de control absoluto, pero rehusó cambios reales por el beneficio político y electoral circunstancial que da detentar el poder. Hoy está en la oposición, junto a la Fuerza del Pueblo, recelando todo gesto del gobierno del PRM que pueda beneficiarle con miras a las próximas elecciones.
Roberto Rosario, como presidente de la JCE sometió proyectos de reformas electoral y de partidos, con amplio aval técnico internacional, pero murieron en el congreso nacional. Julio César Castaños Guzmán los retomó y se aprobaron mamotretos bajo la presión de la lucha interna peledeista, que el Tribunal Constitucional tuvo que descuartizar. Román Jáquez rediseñó e introdujo los dos proyectos y el PRM hiperactivo en la oposición, ya en el poder ralentizó el proceso y solo aprobó la parte de régimen electoral.
Abinader debería retomar el camino del dialogo con el liderazgo político opositor, e incluir al empresariado, para tratar con seriedad y visión estratégica la reestructuración del financiamiento electoral por la salud del sistema de partidos y la vida de la democracia.
Sería un error esperar el agravamiento de situación interna de los partidos, como ocurrió con el tema Haití, para apurar y, quizás, improvisar “soluciones posibles”.
Abinader tiene la palabra, aunque en la oposición algunos duden y candidatos del PRM vean con ojerizas la iniciativa. Responsabilidad de todos.
